Déficit, deuda pública y agencias de calificación

Cuando se analizan las cuentas públicas de un estado hay que tener siempre en cuenta que su estructura es exactamente igual a la de cualquier cuenta económica. Son cuentas similares a las cuentas de las familias, a las de las empresas, o a las de una persona individual. Por un lado están los ingresos, y por otro los gastos. Cuando los ingresos son superiores a los gastos el agente económico en cuestión posee un excedente de dinero. En el caso de los estados, a ese excedente se le denomina “superávit”. Cuando los ingresos son inferiores a los gastos, entonces falta dinero para suplir los gastos. En los estados a esta falta de dinero se le denomina “déficit”.

Cuando los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos (cuando hay déficit) y necesitan resolver el problema de inmediato, los estados recurren a vender Deuda Pública. Esto sencillamente consiste en emitir títulos a nombre de una persona a cambio de que esta persona les preste una determinada cantidad de dinero. A esa persona se le denomina “inversor” o “especulador”, y mediante este contrato el estado se compromete a devolverle el dinero dentro de un plazo acordado sumando además un porcentaje del mismo en concepto de intereses. Por ejemplo, un inversor o especulador recibe un título del estado español en el año 2010 y a cambio le presta 1000 euros a un tipo de interés del 1% con fecha de vencimiento de un año. En 2011 el inversor o especulador devolverá el título y el estado español le devolverá los 1000 euros más el 1% en concepto de intereses (10 euros), en total: 1010 euros. El inversor o especulador termina con más dinero del que tenía al principio, y de esta forma se lucra.

Para recordar el nombre de las transacciones es útil tener presente lo siguiente. Se dice que el estado “vende deuda pública” porque el estado vende unos papelitos (los títulos) a cambio de un préstamo. Se dice que el inversor o especulador “compra deuda pública” porque compra esos papelitos (los títulos) mediante un préstamo.

Puesto que el estado recibe un dinero que no es suyo y que más tarde tendrá que devolver, se dice que el estado se ha endeudado. Emitiendo títulos del Estado (vendiendo deuda pública) el estado se endeuda. Pero el simple endeudamiento no tiene por qué ser un fenómeno negativo. En realidad, endeudarse no es más que posponer el problema de la falta de dinero. Quizás en el momento actual no hay disponibilidad de fondos, pero quizás sí los habrá en un momento futuro. Entonces el endeudamiento se presenta como una herramienta muy útil para superar ese pequeño inconveniente. Es perfectamente posible que una determinada cantidad de deuda pública se mantenga en el tiempo. Es decir, un estado puede estar endeudado permanentemente, y no hay ningún problema. Mientras la cantidad de deuda no se dispare, el estado podrá ir poco a poco devolviendo el dinero que le prestaron al principio, aunque vaya contrayendo nuevas deudas. Las nuevas deudas pasarán a sustituir a las antiguas, que se irán eliminando. De hecho, a lo largo de la historia, todas las cuentas públicas de los estados han sido casi siempre deficitarias y han tenido que recurrir a emitir deuda pública.

Es importante distinguir el concepto de “deuda pública”, y el de “déficit público”. El déficit es, como se ha dicho, la falta de dinero para cubrir los gastos. Para solucionar el déficit de inmediato se recurre a vender deuda pública, que proporciona la cantidad de dinero suficiente para soportar los gastos de ese momento.

El verdadero problema aparece cuando la deuda pública contraída comienza a aumentar de forma creciente. Es un problema porque cada vez el estado tendrá que ir devolviendo más dinero y puede llegar un momento en el que esa cantidad a devolver sea disparatada. Esto puede ocurrir por varios motivos:

1) Puede ser porque los gastos sean cada vez mayores que los ingresos y entonces se recurra a vender más deuda pública.

2) O puede ser porque los nuevos títulos que emita el estado se vuelvan más caros. Es decir, que en vez de un 2% haya que pagar un 3%. ¿Y por qué se produce ese cambio? ¿De qué depende el tipo de interés que se pida? Pues fundamentalmente depende del riesgo de la operación. A mayor riesgo, mayor tipo de interés pedirán los inversores, ya que consideran que hay mayores probabilidades de que el estado quiebre y que por lo tanto no les acabe devolviendo el dinero. De la misma forma, a menor riesgo, menor tipo de interés. Si los inversores creen que un estado es solvente y podrá devolver el dinero que le prestan, entonces les pedirán un tipo de interés reducido. Esto es precisamente lo que ocurre actualmente con Alemania. Los inversores o especuladores piensan que Alemania es un estado solvente y por lo tanto le prestan dinero “barato” (es decir, a un tipo de interés reducido). Al mismo tiempo esos mismos inversores o especuladores creen que España tiene probabilidades de tener problemas de solvencia y no pagar sus deudas, por lo que le prestarán dinero a un tipo de interés más elevado. A la diferencia existente entre el tipo de interés que le piden a Alemania y el que le piden a España se le denomina “prima de riesgo”.

A mayor prima de riesgo, mayor distancia con respecto a Alemania, que es el país considerado más solvente. A mayor prima de riesgo más cara será la deuda pública (más dinero habrá que devolver finalizados los plazos de vencimiento de las deudas), y mayores problemas de solvencia tendrá el estado en cuestión.

Hemos visto que el “precio” de la deuda pública depende de la creencia que tengan los inversores o especuladores sobre la solvencia de un país. ¿Y en qué se basan para saber si un estado es muy solvente o poco solvente? Pues se basan en las recomendaciones de las agencias de calificación. Las agencias de calificación son empresas privadas que se encargan de analizar la solvencia de los estados y de otros agentes económicos para publicar el grado de solvencia que poseen. Si estas agencias publican que España es poco solvente, los inversores o especuladores le pedirán a España un tipo de interés elevado, y viceversa.

Sin embargo, estas agencias (de las cuales tres de ellas – Moodys, Fitch y Standard & Poor’s- poseen el 85% del negocio mundial de este tipo) son empresas privadas que responden a intereses económicos. Ya demostraron con el origen de la crisis de las hipotecas subprime que su negocio es una estafa, pues valoraban la calidad de los títulos financieros en función de sus intereses económicos, y no de la calidad real de los mismos. Y lo mismo ocurre actualmente con la medición de solvencia de los estados. Las valoraciones que ofrecen sobre los países deberían carecer de toda credibilidad, y sin embargo están rigiendo la evolución de los mercados financieros. El poder de estas tres agencias de calificación es colosal; capaz de poner en serios aprietos a toda la economía de un país, y por ende a su población.

Mientras estas agencias sigan dictando el orden de los acontecimientos a su antojo y mientras sigan sin estar bajo ningún control político o económico, los estados permanecerán vulnerables y sufrirán unas consecuencias desastrosas que les impedirán retomar la senda de la recuperación económica.

Fuente: Saque de Esquina

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