Son ya 1.650 los médicos que objetan y seguirán atendiendo a inmigrantes sin papeles

  • La mayoría de ellos son médicos de familia, pero también se han sumado numerosos profesionales de otras especialidades.
  • La plataforma que ha promovido el registro de objetores propone un “paquete básico” de servicios para este colectivo.
  • La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria considera que el decreto “vulnera los principios éticos” de la profesión sanitaria.

Varios médicos, en una consulta. (ARCHIVO)

Ya son 1.650 los profesionales sanitarios que seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles a partir del 1 de septiembre, a pesar del decreto del Gobierno que indica que a partir del próximo mes serán excluídos de este derecho, al inscribirse en el registro de objetores promovido por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

La mayoría de ellos son médicos de familia pero también se han sumado a esta iniciativa, entre otras especialidades, internistas, personal de enfermería, psiquiatras y pediatras. 

Uno de cada cuatro objetores (22 %) trabaja en la Comunidad de Madrid, con más de 360, seguida de Cataluña (12 %), Valencia (9 %), Aragón (8 %), Andalucía (7 %) y Galicia (6,6 %). 

Uno de cada cuatro objetores trabaja en la Comunidad de Madrid, seguido de Cataluña y Valencia

 

La plataforma ha propuesto un“paquete básico” de servicios para el inmigrante que incluya atención primaria, salud pública, actividades preventivas, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales. 

“Así estaríamos en condiciones de resolver la mayoría de problemas de salud que padece este colectivo”, ha asegurado este jueves el doctor Josep Basora, presidente de semFYC. 

La Sociedad creó este registro hace tan solo mes y medio pero “cada día nuevos facultativos se suman a esta red” contra el real decreto-ley 16/2012 que incluye la retirada de asistencia al inmigrante sin permiso de residencia, por considerarla “contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer”. 

Por ello, ve “imprescindible” que el Gobierno dé marcha atrás en la aplicación de una norma que, a su entender, “vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia”.

 

Fuentehttp://www.20minutos.es

 

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