Consulta popular en Madrid contra la privatización del agua

Consulta popular en Madrid contra la privatización del agua

Una plataforma y el 15-M distribuyen más de 300 urnas para votar sobre si el Canal de Isabel II debe seguir siendo 100% público

 

Más de 300 urnas repartidas por distintos barrios y municipios de Madrid han recogido la votación popular organizada por una plataforma con ayuda del movimiento 15-M sobre la privatización del agua potable en la región.

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II lanzaba la siguiente pregunta a los madrileños, que tenían que responder con un sí o un no: “¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?”. La plataforma -constituida por diferentes asociaciones medioambientales, partidos  políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y diferentes movimientos  sociales- cuenta con la colaboración de numerosas asambleas populares  de barrios y pueblos de Madrid del 15-M, que consensuaron en  asamblea conjunta celebrar esta consulta.

La Comunidad de Madrid anunció la decisión unilateral de privatizar el 49% del Canal

Durante esta semana, la plataforma ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de información  a los ciudadanos sobre este proceso de privatización y las razones por  las que consideran que el Canal de Isabel II debe seguir siendo del todo público. El Gobierno madrileño ha anunciado la decisión unilateral del PP de  privatizar el 49% del Canal, una empresa pública que  proporciona unos ingresos anuales de más de 100 millones de euros a las  arcas públicas madrileñas.

El polémico anuncio provocó la  inmediata movilización de la Federación Regional de Asociaciones  Vecinales de Madrid (FRAVM), de Ecologistas en Acción, del comité de  empresa del Canal, de CCOO, de Acción en Red, de IU, de Izquierda  Anticapitalista y de CECU, entre otros, que decidieron sumar fuerzas  para constituir la plataforma. Desde su constitución, ha convocado cerca  de 160 actos públicos a los que han asistido en torno a 6.000 personas,  ha convocado tres manifestaciones y han recogido 35.000 firmas contra  la privatización de la empresa pública.

Unos 30 municipios se han negado a firmar el convenio por contener “cláusulas abusivas”

De igual modo, ha logrado  que más de una treintena de municipios, muchos de ellos gobernados por  el PP, se nieguen a firmar el convenio con la nueva empresa por contener  “cláusulas abusivas” que favorecen a los grandes municipios en  detrimento de los pequeños y, por último, que siete ayuntamientos que  representan a más de 500.000 electores (San Fernando de Henares,  Leganés, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Coslada y Colmenarejo)  presentaran una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) que obliga a la  Asamblea de Madrid a someter a debate el proceso de privatización.

La plataforma asevera que  la privatización del Canal “no se justifica desde el punto de vista  técnico”, pues esta entidad lleva 150 años dando a los madrileños “un  servicio de calidad”, ni desde el punto de vista económico. Además, han apuntado a que la privatización produciría “un  encarecimiento del servicio y del agua”, así como “una disminución de la  calidad”, que han argumentado el régimen de monopolio en el suministro.

La privatización causaría “daños  medioambientales muy importantes”

Por último, han criticado que la privatización causaría “daños  medioambientales muy importantes”, pues han razonado que “una empresa  privada no promoverá campañas de ahorro”, al ir “contra el espíritu de  cualquier empresa privada, lo que a medio plazo dispararía el consumo”.

“Recordemos que España es un país en donde los procesos de sequía son  cíclicos y, por tanto, son necesarias las campañas periódicas de  promoción del ahorro de un bien indispensable para la vida de,  absolutamente, todos los seres del planeta, de un bien que no se produce  y que tiene una demanda rígida”, han aseverado, rematando finalmente  que “procesos como éste persiguen privatizar los beneficios y socializar  las pérdidas”.

Asimismo, han recordado que el Comité de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU “definió con  claridad el carácter público del agua, como un producto básico  considerado fundamental para la vida y la salud”, y que en Italia se  llegó a realizar un referéndum vinculante sobre la privatización del  agua. “Sin embargo, en Madrid aún no se ha realizado siquiera una  consulta a la ciudadanía ante una decisión nunca contemplada en el  programa electoral. Ahora es el momento”, han concluido.

Fuente: publico.es

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